En una provincia con abundantes recursos naturales, suelo fértil y gran potencial productivo, el desarrollo debería ser una consecuencia lógica. Sin embargo, en La Pampa ese crecimiento se encuentra condicionado por un entramado de cargas que recaen sobre quienes producen. Entre ellas, las tasas municipales aparecen como un factor clave que, lejos de acompañar el desarrollo, terminan funcionando como un freno para la actividad económica.

Por Giovanni Zambelli

Tasas sin contraprestación clara

Las tasas municipales, tributos obligatorios que se pagan a la administración local. En teoría, estas tasas deben implicar una contraprestación directa, individualizada y medible. Es decir, el contribuyente paga por un servicio concreto que el Estado efectivamente presta.

En la práctica, esto muchas veces no ocurre. En la provincia gran parte de estas tasas presentan servicios ineficientes o directamente inexistentes. Se cobra por conceptos como “seguridad e higiene” sin inspecciones frecuentes ni proporcionales, o por “alumbrado público” sin que la calidad del servicio justifique los montos exigidos. Cuando se rompe ese vínculo entre pago y servicio, la tasa pierde su carácter retributivo y pasa a funcionar como un impuesto indirecto.

En un contexto provincial estancado, donde cada vez resulta más difícil invertir, el sector público continúa creciendo a costa del sector productivo. En lugar de revisar o reducir estas cargas, los municipios tienden a incrementarlas o incluso a crear nuevas. A esto se suma la superposición con impuestos provinciales como Ingresos Brutos, principal fuente de recaudación propia, lo que termina neutralizando cualquier intento de alivio fiscal desde el nivel nacional.

Los datos reflejan esta tendencia. En Santa Rosa, durante el primer trimestre de 2025, el costo total entre impuestos, tasas y servicios alcanzó aproximadamente el 35%, y en diciembre de ese mismo año aumentó un 20%. Para 2026, se aprobó un presupuesto de 100.065 millones de pesos, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior, financiado en gran medida por vecinos y comercios a través de tasas. Por su parte en General Pico , la tarifaria de 2026 implicó un aumento del 15%, alcanzando los 58.735 millones de pesos, con una fuerte orientación al sostenimiento de la estructura pública, especialmente en el pago de salarios.

Más presión, menos inversión

Desde una mirada liberal, la presión tributaria actúa como un castigo a la producción. Cada peso que se extrae del sector privado reduce los incentivos para invertir, contratar y expandirse. Mientras el gasto público continúa en aumento, el empleo formal privado no crece al mismo ritmo.

En este contexto, las tasas municipales se convierten en un obstáculo adicional. En lugar de revisar estructuras, eliminar gastos improductivos o mejorar la eficiencia administrativa, el Estado opta por aumentar la recaudación. Esto se traduce en mayores costos para operar en la provincia, menor competitividad frente a otras jurisdicciones y un círculo difícil de revertir, donde el Estado necesita recaudar cada vez más para sostenerse, mientras la inversión se desplaza hacia lugares con menor presión tributaria.

Dicho esto, se puede afirmar que se ven afectados tres principios fundamentales:

– Principio de no confiscatoriedad: ningún tributo, ni siquiera una tasa, puede absorber una porción significativa de la renta o del capital del contribuyente. La propiedad privada debe ser protegida y constituye una de las razones centrales de la existencia del poder público.

– Incentivos y no distorsión del mercado: los impuestos y tasas encarecen los costos y alteran las decisiones de las personas y de las empresas, desincentivando inversiones y expansiones. Desde una perspectiva liberal, los tributos no deberían utilizarse para castigar la producción ni para sostener ineficiencias del Estado. La competencia entre municipios y provincias, mediante la reducción de cargas para atraer inversiones, es un mecanismo saludable que el esquema actual tiende a ignorar.

– Principio de transparencia y rendición de cuentas: el contribuyente tiene derecho a saber con precisión qué recibe a cambio de cada peso que paga. Los aumentos sostenidos de tasas, junto con la ausencia de controles independientes sobre la calidad y la efectiva prestación de los servicios, debilitan este principio.

Frente a este panorama, resulta necesario exigir que cada tasa sea revisada en profundidad y que, cuando no exista una contraprestación clara o un servicio eficiente, se avance directamente en su eliminación. Sin mayor control ni exigencia de transparencia, el riesgo es consolidar un esquema en el que el Estado crece sin mejorar sus prestaciones, mientras la actividad productiva pierde dinamismo y la provincia continúa desaprovechando su potencial.