Lo que no te dicen del conflicto universitario: las claves de un debate incompleto

El financiamiento de las universidades públicas es un tema recurrente que ha cobrado mayor intensidad en los últimos años. Sin embargo, el debate suele reducirse a una discusión sobre presupuesto y salarios, dejando de lado problemas más profundos que rara vez se abordan. A lo largo de este artículo se analizan algunos de esos aspectos, sin medias tintas, con el objetivo de correr la discusión de corto plazo y poner el foco en los problemas de fondo. 

Por Juan Bautista Tejeda Moradas

Composición del presupuesto universitario 

Para entender el debate sobre el financiamiento universitario, primero es clave saber cómo se compone el gasto de las universidades públicas en Argentina. El gasto se divide en tres grandes áreas: la mayor parte se destina a sueldos (alrededor del 80%–90%, principalmente docentes y personal no docente), una porción menor a gastos de funcionamiento (5%–10%, como servicios, mantenimiento e insumos necesarios para que la institución opere), y un porcentaje reducido a otros gastos (menos del 10%), que incluyen inversión, investigación, becas, extensión y actividades culturales. 

Ahora bien, es incorrecto hablar de un “recorte” del gasto universitario en términos absolutos, ya que el presupuesto nacional destinado a las universidades aumentó, pasando de aproximadamente $3,9 billones en 2025 a $4,8 billones en 2026. Al mismo tiempo, esto convive con un deterioro en términos reales, dado que los incrementos quedaron por debajo de la inflación y los docentes universitarios perdieron entre un 30% y un 35% de su poder adquisitivo. En ese contexto, las universidades reclaman una recomposición más significativa y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, estimando que para sostener el funcionamiento y recomponer los salarios, sería necesario un presupuesto cercano a los $7,5 billones.

Sin embargo, la razón por la cual el gobierno no aplica plenamente la ley no es que desconozca el problema, sino que sostiene que la norma resulta de difícil aplicación tal como está redactada, ya que no establece una fuente de financiamiento específica ni asigna partidas concretas dentro del presupuesto vigente. En efecto, la ley prevé mecanismos como la “reasignación de partidas presupuestarias”, el uso de excedentes de recaudación y fija límites (por ejemplo, no afectar la coparticipación ni compromisos del Tesoro), pero no crea recursos nuevos ni garantiza una fuente estable. Por eso, el Ejecutivo sostiene que su implementación entraría en tensión con el marco legal vigente, en particular con la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige partidas específicas para ejecutar el gasto; la Ley 24.629, que desalienta la creación de erogaciones sin financiamiento; y la Ley 27.798 de presupuesto vigente, que fija los créditos autorizados. 

En este contexto, además, el gobierno argumenta que cumplir plenamente la ley implicaría un gasto adicional (alrededor de $2,5 billones) que pondría en riesgo el objetivo de superávit fiscal. Aunque desde el plano político se plantea que ese aumento podría financiarse recortando otras áreas, el argumento técnico del Ejecutivo prioriza las restricciones legales y presupuestarias señaladas. 

Transparencia y control de gastos

La supervisión de los fondos se organiza mediante un esquema de controles que, en la práctica, enfrenta límites técnicos y barreras jurisdiccionales que dificultan una transparencia plena.

El control externo recae en la Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y cuenta con la autoridad constitucional para realizar auditorías ex post. Sin embargo, su intervención no es constante ni exhaustiva, ya que actúa de manera selectiva según un plan anual. A su vez, el control institucional de cada universidad se ejerce a través de los Consejos Superiores, que aprueban el presupuesto, supervisan su ejecución y definen los criterios de asignación interna en un esquema colegiado con representación de docentes, estudiantes y graduados. A pesar de su rol central, la ausencia de criterios homogéneos y de información pública detallada sobre esa distribución interna constituye uno de los principales focos de opacidad del sistema.

Esta fragmentación de la información condiciona el rol de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Como órgano de control del Poder Ejecutivo, se enfrenta a las limitaciones derivadas de la autonomía universitaria, lo que restringe su acceso directo y sistemático a los registros contables primarios. En su lugar, el organismo suele recibir información ya procesada o agregada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que actúa como instancia de articulación entre las universidades y el Estado. Al no contar con acceso a datos primarios en tiempo real, el control se vuelve más indirecto y mediado por las propias instituciones, lo que dificulta reconstruir con precisión el destino final de los recursos y limita la capacidad de fiscalización integral por parte del Poder Ejecutivo.

Eficiencia y resultados del sistema universitario 

Argentina destina aproximadamente entre 0,4% y 0,7% del PBI a la educación superior, ubicándose entre los niveles medios-altos de América Latina. Sin embargo, ese esfuerzo fiscal no se traduce en resultados proporcionales, lo que evidencia un desajuste persistente entre inversión y desempeño.

A nivel regional, países como Brasil, Chile o México presentan mayores tasas de graduación en relación con la matrícula y, en general, estructuras más selectivas en el ingreso o en la permanencia. En términos de graduados de educación superior por cada 10 mil habitantes, Brasil presenta 61 y Chile 55. En Argentina, en cambio, distintos estudios muestran que solo entre el 12% y el 20% de los estudiantes logra completar la educación superior en un tiempo razonable, ubicando al país entre los niveles más bajos de graduación de la región, con apenas 31 graduados por cada 10 mil habitantes. Esto implica que una parte significativa del gasto público se destina a trayectorias educativas que no culminan en títulos, lo que eleva el costo por graduado. 

A su vez, se refleja en los indicadores de eficiencia del sistema, que muestran valores elevados en términos comparados. Esta situación no responde principalmente a factores individuales, sino a un fenómeno estructural vinculado a la masificación del acceso sin mecanismos equivalentes de selección o acompañamiento que ordenen el progreso académico.

En este sentido, se ha consolidado un esquema de ingreso irrestricto y altamente “inclusivo”, reforzado normativamente por la Ley 27.204. Esta ley, sancionada en 2015, garantizó el ingreso libre a las universidades públicas para quienes finalizan el nivel secundario y eliminó mecanismos de admisión eliminatorios como condición general de acceso, limitando la selectividad a instancias de nivelación o acompañamiento académico. Esta lógica de apertura se ha extendido incluso a mecanismos excepcionales que flexibilizan aún más el ingreso, como en la Universidad Nacional de La Pampa, donde personas mayores de 25 años sin título secundario pueden acceder mediante evaluaciones y dispositivos de nivelación en el marco de la Ley de Educación Superior, lo que refuerza la tendencia general del sistema hacia la ampliación del acceso y la reducción de barreras formales de entrada.

Como resultado, el sistema presenta indicadores de rendimiento académico preocupantemente bajos. Alrededor del 35% de los estudiantes universitarios no logra aprobar ninguna materia durante un año académico, lo que refleja una proporción significativa de trayectorias sin avance. Este fenómeno se mantiene relativamente estable en el tiempo y se asocia a la heterogeneidad en la formación previa, las dificultades de adaptación al ritmo universitario y la limitada capacidad de acompañamiento académico.

Un debate pendiente 

Entendiendo este complejo panorama, resulta difícil sostener que un mayor financiamiento por sí solo pueda resolver los problemas estructurales del sistema universitario. Como hemos visto en las últimas décadas, independientemente del signo político de los gobiernos, el dinero parece nunca ser suficiente y la historia se repite de manera constante. Conflictos salariales, paros docentes, interrupciones del dictado de clases y dificultades para cursar o rendir con normalidad.

En este sentido, si bien los docentes tienen todo el derecho a reclamar por sus condiciones laborales, los únicos afectados por sus medidas de fuerza somos siempre nosotros, los estudiantes, que vemos interrumpidos nuestros estudios de forma recurrente sin que ello haya derivado en soluciones sostenidas en el tiempo. Esto no implica desconocer su situación, sino señalar que también sería importante que se tenga en cuenta el esfuerzo que realizan los estudiantes y sus familias para poder sostener los estudios, especialmente en el caso de quienes venimos de otras provincias.

Por lo tanto, creo que nos merecemos un debate en serio sobre el sistema universitario y no reducirlo siempre a disputas parciales o a discusiones que terminan funcionando más como consignas vacías que como soluciones reales. Un sistema que, pese al esfuerzo que implica formarse en él, muchas veces no termina garantizando una inserción laboral acorde a lo estudiado, con alrededor del 60% de los graduados universitarios trabajando en áreas no vinculadas con su formación. 

En definitiva, si el diagnóstico de crisis se repite década tras década, independientemente del signo político o del nivel de financiamiento, el problema no es sólo cuánto dinero entra, sino cómo está diseñado el sistema. Sostener un esquema que garantiza el acceso pero descuida la graduación, o que financia trayectorias que no avanzan mientras los salarios docentes se deterioran, termina siendo una forma de desidia disfrazada de inclusión. El debate no debería agotarse en un número en una planilla, sino en revisar un contrato pedagógico y social que hoy muestra señales de desgaste.

¿Para quién funciona realmente una universidad que no logra que sus estudiantes se gradúen en tiempo razonable ni vincula de manera efectiva la formación con el mundo del trabajo? Sumar recursos sin revisar resultados solo perpetúa el problema. La discusión de fondo es si queremos una universidad que no solo abra las puertas, sino que también garantice trayectorias completas y oportunidades reales.