La bandera mapuche en Santa Rosa ¿Un intento por reemplazar nuestra identidad nacional?
La decisión de izar la bandera mapuche en el mástil principal se justificó como un acto de reconocimiento e interculturalidad. Sin embargo, detrás de ese gesto subyace una discusión mucho más profunda sobre la historia, la identidad nacional y el avance de un revisionismo que reivindica selectivamente ciertos aspectos del pasado mientras omite otros. Este debate obliga a preguntarse quiénes fueron realmente los pueblos originarios de la región y hasta qué punto estas lecturas deben reflejarse en decisiones institucionales.
Por Juan Bautista Tejeda Moradas
La polémica en Santa Rosa, La Pampa, se reavivó cuando concejales tanto del oficialismo como de la oposición participaron del izamiento de la bandera mapuche, en una clara reivindicación de lo que sus impulsores denominan la «Nación Mapuche».
Este acto no surgió de una iniciativa circunstancial, sino que responde a la Ordenanza Nº 4935/2013, aprobada por el Concejo Deliberante, que establece que cada 23 y 24 de junio se ice la bandera del Pueblo Mapuche en el mástil principal de la ciudad con motivo del We Tripantu.
Sus defensores presentan la medida como un gesto de interculturalidad. Sin embargo, forma parte de un proceso más amplio que, bajo la reivindicación de los pueblos originarios, termina desplazando símbolos e hitos de la identidad nacional argentina. Es parte de una agenda que renombra calles y colegios, derriba monumentos, construyendo de esta forma una visión parcial y distorsionada de nuestra propia historia.
Pero, para analizar esta cuestión en mayor profundidad, es necesario volver sobre algunos hechos históricos que hoy suelen quedar fuera del debate público.
Los mapuches no eran el pueblo originario de La Pampa
Uno de los aspectos que el relato progresista suele omitir es que los mapuches no eran originarios de la pampa argentina. Su origen histórico se encuentra en la Araucanía, en el actual territorio chileno, y su expansión hacia el este de la cordillera se produjo a lo largo de varios siglos en un proceso conocido como Araucanización de la Pampa.
Diversos historiadores y antropólogos han señalado este fenómeno. El antropólogo chileno José Bengoa (2000), uno de los mayores especialistas en la historia mapuche, sostiene que antes de la conquista española los mapuches se encontraban circunscriptos a la Araucanía y que las pampas argentinas estaban habitadas por otros grupos indígenas. En la misma línea, el historiador y arqueólogo argentino Antonio Serrano, citado por la Legislatura de Río Negro (2022), afirma que los araucanos no eran originarios del territorio nacional y que su establecimiento en él fue relativamente tardío. Por su parte, Milcíades Vignati, también citado por la Legislatura de Río Negro (2022), describió este proceso como una expansión de pueblos provenientes de Chile que, durante la segunda mitad del siglo XVIII, alcanzaron la hegemonía sobre otras tribus de la región.
Esta expansión no fue pacífica y tuvo consecuencias concretas para los pueblos que habitaban originalmente la zona. Puelches, tehuelches, ranqueles y pampas fueron desplazados, sometidos y, en algunos casos, prácticamente desaparecieron como entidades diferenciadas. Incluso parte de los propios tehuelches pampeanos terminaron aliándose con las autoridades argentinas frente al avance araucano. Juan Catriel combatió junto a Juan Manuel de Rosas, mientras que su hijo, Catriel el Joven, coronel del Ejército argentino, murió luchando contra quienes consideraba «indios chilenos invasores».
En ese contexto, presentar a la bandera mapuche como símbolo representativo de los pueblos originarios de La Pampa constituye, cuanto menos, una contradicción histórica.
Los malones: violencia y conflicto en la frontera
Durante décadas, los malones representaron una amenaza permanente para los ciudadanos argentinos en la frontera. Eran ataques sorpresivos y masivos contra pueblos, estancias y fortines, cuyo objetivo era matar, saquear, robar ganado y tomar cautivos, especialmente mujeres y niños.
No se trataba simplemente de actos espontáneos de “resistencia”. En muchos casos funcionaban como verdaderas empresas comerciales organizadas donde el ganado robado en territorio argentino era vendido en Chile y los cautivos eran intercambiados por rescates. Las mujeres capturadas eran retenidas por los guerreros o vendidas, mientras que los niños eran ofrecidos a cambio de compensaciones económicas. En algunos relatos de la época se describe también que a ciertos prisioneros se les mutilaban los pies o tendones para impedir cualquier intento de fuga durante las largas travesías.
Los hacendados chilenos participaban activamente de este circuito comercial. Incluso llegaron a establecer una población sobre el río Neuquén, conocida como Malbarco, donde engordaban la hacienda antes de trasladarla definitivamente al otro lado de la cordillera.
Uno de los episodios más documentados y terribles ocurrió en marzo de 1872, cuando el cacique Calfucurá, ese mismo que seguramente conozcas por el edificio en el centro de Santa Rosa, comandó la llamada Invasión Grande sobre los partidos bonaerenses de Alvear, 25 de Mayo y 9 de Julio. Con alrededor de seis mil guerreros, protagonizó posiblemente el mayor malón de la historia argentina. El ataque dejó más de 300 criollos muertos, 500 cautivos y entre 150.000 y 200.000 cabezas de ganado robadas.
El balance del período habla por sí solo. Entre 1868 y 1874, más de mil ciudadanos fueron tomados cautivos y alrededor de un millón de cabezas de ganado fueron arrebatadas en sucesivas incursiones. Esto no era un conflicto marginal ni lejano, era una guerra de baja intensidad que se cobraba vidas argentinas año tras año y que el Estado no podía seguir ignorando.
La respuesta del Estado argentino: negociación, la Zanja de Alsina y el avance de la frontera
La respuesta estatal no fue inicialmente militar. Durante años, el gobierno intentó negociar con los caciques, otorgando subsidios en dinero y ganado a cambio de mantener la paz. El propio Calfucurá recibió importantes sumas durante la presidencia de Sarmiento, aunque ello no impidió la continuidad de los ataques.
Ante el fracaso de esa estrategia, el ministro de Guerra y Marina Adolfo Alsina impulsó en 1876 la construcción de la llamada Zanja de Alsina. Se trataba de una extensa trinchera defensiva, de más de 370 kilómetros, destinada a frenar los malones y el arreo de ganado hacia Chile.
Sin embargo, el sistema resultó insuficiente. Aunque obstaculizaba el paso, en la práctica el ganado robado se acumulaba en algunos tramos, mientras que muchas partidas lograban cruzarla o rodearla. A eso se sumaban los altos costos de construcción y mantenimiento. Lejos de resolver el conflicto, terminó mostrando sus límites frente a la magnitud de los malones en la frontera.
Tras la muerte de Alsina, Julio Argentino Roca asumió el Ministerio de Guerra dentro del gobierno de Nicolás Avellaneda y reorganizó la estrategia militar. A partir de entonces, el Congreso de la Nación aprobó el plan de avance sobre el territorio indígena, dando lugar a la llamada Campaña del Desierto en 1879.
La Campaña del Desierto: de Rosas a Roca
La primera campaña al desierto no fue obra de Roca. En 1833, Juan Manuel de Rosas encabezó la primera ofensiva organizada contra las tribus, avanzando hasta los ríos Colorado y Negro, sometiendo a distintos caciques y recuperando territorios para la Confederación. Aunque también estableció acuerdos con algunos grupos indígenas, la cuestión fronteriza permaneció sin resolverse.
Recién en 1879, el general Julio Argentino Roca, por orden del presidente Nicolás Avellaneda y con el aval del Congreso, llevó adelante la campaña definitiva. Mediante una estrategia coordinada en cinco columnas, el Ejército nacional alcanzó el río Negro, desarticuló las principales confederaciones indígenas y consolidó el control estatal sobre la Patagonia. Si bien en la actualidad se la condena y desaprueba, parte de la historiografía la interpreta como un proceso de guerra de frontera que no implicó un exterminio sistemático en términos demográficos masivos, sino un proceso de captura, desplazamiento e integración parcial de poblaciones indígenas al orden estatal.
Este tipo de procesos no fue exclusivo del caso argentino. En Estados Unidos, la expansión hacia el oeste durante el siglo XIX fue incluso más sangrienta en términos absolutos, aunque su condena pública suele tener menor centralidad en el debate contemporáneo. A su vez, el escenario regional también estaba atravesado por disputas geopolíticas. Tanto Chile como potencias europeas, especialmente el Reino Unido, mantenían intereses estratégicos en la región patagónica, lo que reforzaba la necesidad del Estado argentino de consolidar su presencia en el territorio.
Roca el arquitecto de la Argentina moderna
Reducir la figura de Julio Argentino Roca exclusivamente a la Campaña del Desierto constituye otra de las operaciones del revisionismo histórico. La campaña antirroquista de los últimos años ha presentado esa acción militar, anacrónicamente, como un genocidio, mientras muchas de las principales transformaciones impulsadas durante sus gobiernos son reivindicadas sin mencionar a su autor.
Durante sus presidencias se sancionó la Ley 1420 de educación pública, obligatoria, gratuita y laica; la Ley de Registro Civil; el Código Penal; se crearon los Territorios Nacionales de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chaco y Formosa; se firmó el Tratado de Límites con Chile de 1881 y se fundó la ciudad de La Plata. También se impulsó la expansión del ferrocarril y la consolidación del Puerto de Buenos Aires como eje del comercio exterior, piezas centrales del modelo económico de la época. Estas políticas y transformaciones contribuyeron a posicionar a la Argentina entre los países de mayor ingreso per cápita del mundo a fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Más allá de estas medidas, su rol fue determinante en la consolidación del Estado nacional, al asegurar el control efectivo del territorio, fortalecer la centralización política y articular un orden institucional que permitió la integración de regiones hasta entonces periféricas o disputadas, lo que lo consagró como uno de los principales próceres de la historia nacional.
La identidad nacional no se reemplaza, se preserva
El debate en torno a la ordenanza que establece el izamiento de la bandera mapuche excede un simple acto protocolar. Se trata de una decisión institucional que refleja una determinada interpretación de la historia.
Reconocer la complejidad de nuestro pasado no implica resignificarlo desde categorías actuales ni reemplazar figuras, acontecimientos o símbolos que fueron fundamentales en la construcción de la Nación. La historia debe ser comprendida en su contexto y en toda su complejidad, no utilizada como herramienta para imponer lecturas parciales o ideológicas.
Nuestra identidad nacional se construyó a partir de una historia común, con sus aciertos, sus conflictos y sus protagonistas. Preservarla no significa negar el pasado, sino comprenderlo en su totalidad. Y por eso, en los edificios públicos, que pertenecen a todos los argentinos, la única bandera que debe flamear como símbolo de unidad nacional es la celeste y blanca.