¿Clarín vs. Cooperativa?: sanciones, poder político y una disputa por el futuro de la conectividad.
Frecuentes noticias en los principales medios locales aparecen acompañadas de títulos impactantes, como por ejemplo: “Clarín continúa con su tendido ilegal”. La reiteración de este encuadre no parece ser casual. Ante esta insistencia narrativa, surge una pregunta inevitable: ¿qué hay realmente detrás de este conflicto? Y, sobre todo, ¿por qué se insiste en presentar el asunto bajo esa misma interpretación?
El conflicto comienza a escalar cuando el municipio de Santa Rosa decide sancionar a la empresa Movistar por la instalación de postes sin habilitación y posteriormente avanza con la orden de retiro de parte de dicha infraestructura. Desde el punto de vista formal, la sanción encuentra sustento en las facultades municipales sobre el uso del espacio público donde ninguna obra puede ejecutarse sin autorización previa. Sin embargo, la dramatización de los operativos y su fuerte exposición mediática abrieron una discusión más amplia, que trasciende lo estrictamente administrativo
Para comprender el trasfondo del problema es necesario observar el marco regulatorio provincial. La Ley 3140 de La Pampa establece que los postes forman parte del servicio público de distribución eléctrica y que su control técnico y administrativo corresponde a las concesionarias encargadas de prestarlo. En el caso de Santa Rosa, esa función la ejerce la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE). En consecuencia, cualquier empresa que busque desplegar infraestructura de telecomunicaciones utilizando esos postes debe solicitar autorización previa a la cooperativa y ajustarse a las condiciones técnicas y económicas que ésta establezca.
El esquema legal vigente concentra en la cooperativa el control de una infraestructura clave para la prestación de servicios de internet. Si bien esta situación está contemplada dentro de la normativa que regula el servicio eléctrico, el problema surge cuando quien administra esos postes también participa como competidor en el mercado de conectividad. En ese contexto, la consecuencia directa es una marcada desigualdad de condiciones para competir.
Política, intereses y regulación
En este punto emerge una dimensión central del conflicto. Mientras que la infraestructura eléctrica se encuentra bajo regulación provincial, el uso del espacio público urbano es competencia del municipio. En consecuencia, es el intendente quien tiene la potestad de autorizar obras, definir criterios técnicos y aplicar sanciones. Bajo ese marco, frente a una expansión considerada irregular, las herramientas disponibles suelen limitarse a la aplicación de multas o al retiro de postes. Sin embargo, al mismo tiempo no parece existir un esquema claro, transparente y ágil que facilite la realización de nuevas inversiones. El resultado es un mensaje institucional contradictorio: se sanciona a las empresas por avanzar sin autorización, pero tampoco se establecen reglas suficientemente claras que permitan desarrollar esas inversiones dentro de la normativa vigente.
El escenario se vuelve aún más complejo al considerar las relaciones políticas y sindicales que rodean el conflicto. El intendente Luciano di Nápoli fue señalado como uno de los impulsores iniciales de un proyecto destinado a habilitar la ampliación del tendido de fibra óptica asociado al Grupo Clarín. Sin embargo, la iniciativa despertó un fuerte rechazo por parte del sector cooperativo y de distintos actores del arco político local, lo que habría llevado al propio intendente a revisar su posición y posteriormente manifestarse en contra de la expansión. En ese contexto, el tratamiento del proyecto quedó paralizado en el Concejo Deliberante y finalmente fue archivado por unanimidad.En paralelo, la vice intendente Romina Montes de Oca también quedó en el centro del debate público. Según informó el diario La Arena, su nombre apareció mencionado en la discusión a partir de su vínculo con el sector sindical de las telecomunicaciones —ámbito en el que su familia tiene presencia y donde su padre se desempeña como dirigente— y por haber participado en una celebración vinculada a Movistar. En un conflicto donde interactúan cooperativas, empresas privadas y gremios, estos elementos no implican por sí mismos una irregularidad, pero contribuyen a comprender por qué el debate terminó atravesado por intereses económicos y políticos.
La batalla narrativa
Al mismo tiempo que se desarrolla el debate regulatorio y político, también tiene lugar otra disputa menos visible, pero igualmente relevante: la construcción del relato público en torno al conflicto. Una parte importante de los medios locales mantiene desde hace años distintos vínculos con el ecosistema cooperativo de la provincia, ya sea por afinidad política, relaciones institucionales o intereses económicos asociados al propio sector. En ese contexto, la reiterada cobertura de la noticia bajo el encuadre de “tendido ilegal” no solo informa sobre una posible infracción administrativa, sino que también contribuye a construir una narrativa en la que el conflicto aparece planteado como una defensa de lo local frente a un actor de alcance nacional.
Sin embargo, detrás de ese relato emerge una contradicción difícil de ignorar. La misma cooperativa que se presenta como proveedor local depende, en la práctica, de grandes operadores privados como proveedores mayoristas de conectividad. De este modo, mientras en el discurso se cuestiona fuertemente a Clarín, al mismo tiempo se recurre a su infraestructura para que el sistema de internet pueda funcionar.
En definitiva, el problema de fondo no debería reducirse a una simple disputa entre una cooperativa y una empresa privada, sino a la forma en que se organiza el mercado de la conectividad en la ciudad. La experiencia muestra que, cuando existen más prestadores, aumentan las inversiones, surgen nuevas ofertas y los usuarios cuentan con mayores posibilidades de elección. En ese marco, la discusión de fondo es clara: si el objetivo es preservar un mercado cerrado o avanzar hacia un esquema con reglas claras, mayor competencia y mejores servicios para quienes, en última instancia, dependen de internet para trabajar, estudiar y comunicarse.
Así, detrás de la discusión sobre postes y autorizaciones emerge una pregunta mucho más profunda: quién define las reglas del mercado de la conectividad en la ciudad. Mientras ese interrogante siga sin resolverse, cada intento de expansión de infraestructura corre el riesgo de convertirse nuevamente en un conflicto político. Y en una economía cada vez más digital, postergar esas definiciones tiene un costo creciente para el desarrollo local.