Ingresos Brutos: el más bruto de los impuestos
El sistema de impuestos en La Pampa se apoya hoy en un cobro que castiga directamente el esfuerzo de producir. Bajo el nombre de Ingresos Brutos, la provincia sostiene una carga que frena la inversión privada y se convierte en un obstáculo constante para el crecimiento de la economía local.
Desde una perspectiva liberal, los impuestos no son otra cosa que una transferencia forzada de recursos desde quienes producen hacia el Estado. En mayor o menor medida, todos implican una intromisión sobre la propiedad privada y un freno a la actividad económica. Por eso, el objetivo de cualquier sociedad que aspire a crecer debería ser claro: reducirlos al mínimo posible y, cuando sea viable, eliminarlos.
Ahora bien, incluso dentro de un sistema tributario excesivo como el argentino, hay impuestos que resultan particularmente dañinos. Y entre ellos, uno sobresale por encima del resto, el impuesto sobre los Ingresos Brutos. A diferencia de otros tributos, Ingresos Brutos no grava la ganancia sino la facturación. El Estado provincial cobra simplemente porque una empresa vende, independientemente de si obtuvo beneficios o no. Una pyme puede estar atravesando un mal momento, tener márgenes mínimos o incluso pérdidas, y aún así, se encuentra obligada a cumplir con el pago de dicho impuesto.
Entre los principales problemas que genera, destaca el denominado efecto cascada. Ingresos Brutos se aplica en cada etapa del proceso económico: paga el productor, paga el transportista, paga el mayorista y paga el comercio minorista. En cada paso, el impuesto se incorpora al precio y vuelve a tributar en la etapa siguiente. Así, lo que comienza como una alícuota aparentemente pequeña termina multiplicándose a lo largo de toda la cadena productiva. El resultado es previsible: precios más altos, menor competitividad y menos actividad económica.
En provincias como La Pampa, este esquema tiene un peso aún mayor porque Ingresos Brutos constituye la principal fuente de recaudación propia del Estado provincial. Comercios, profesionales, industrias y prestadores de servicios terminan financiando gran parte del funcionamiento del aparato estatal a través de este tributo. El problema es que cuanto más depende una provincia de un impuesto distorsivo, más difícil resulta reformarlo. Se genera así un círculo vicioso: el impuesto perjudica la actividad económica, pero al mismo tiempo el Estado se vuelve cada vez más dependiente de él.
Mientras desde el oficialismo provincial se insiste en la necesidad de promover la producción, la realidad muestra que ésta sólo crece cuando la presión impositiva disminuye. Con menos impuestos, las empresas disponen de mayor margen para invertir, ampliar su producción y generar empleo. En definitiva, las economías prosperan con mayor fuerza cuando el Estado deja de intentar dirigir la producción y se limita a garantizar condiciones propicias para quienes producen e invierten.